Recientemente, la Contraloría General de la República presentó una denuncia penal en mi contra, y la razón detrás de esto me ha dejado perpleja. La Contraloría parece no distinguir entre dos procedimientos distintos: una valuación actuarial periódica y las versiones o actualizaciones posteriores que siempre se han realizado.

Es importante aclarar que esta actualización fue solicitada por la junta directiva antes de mi ingreso a la Caja en setiembre de 2022. La razón de esta solicitud fue el aumento salarial que se implementó en ese momento. A pesar de que se ha hablado mucho sobre los estudios actuariales, aún persiste cierta confusión sobre su importancia para la Caja.

Estos estudios son análisis técnicos que nos permiten evaluar si contamos con los recursos necesarios para hacer frente a nuestras inversiones y futuros gastos. Por esta razón, la Ley de la Caja exige que las decisiones incluyan la contribución de los funcionarios actuariales de la institución.

Este enfoque garantiza que tomemos decisiones financieras preventivas para mantener los seguros de salud y pensiones funcionando durante muchos años. Nos brinda la capacidad de anticipar riesgos que puedan afectar nuestra operación, y normalmente proyectamos estos estudios para un período de 10 a 15 años. La recientemente anunciada política de gestión de riesgos es una medida adicional para asegurar nuestros procesos.

La Contraloría ha presentado una denuncia penal contra mí y otros funcionarios de la institución por la forma en que actualizamos los costos institucionales a valor presente. Sin embargo, esto es una práctica común en las actualizaciones actuariales, son cambios que se presentaron ante la junta directiva, pero la Contraloría parece no entenderlo completamente.

La necesidad de actualizaciones se hace especialmente evidente cuando los costos de los proyectos experimentan variaciones significativas durante su desarrollo.

Un ejemplo claro es el nuevo Hospital de Puntarenas: inicialmente, se estimó una necesidad de 153 plazas. Sin embargo, la Gerencia Médica está solicitando actualmente 491 plazas solo para el año de apertura. Esta considerable diferencia implica costos adicionales no previstos, lo que a su vez afecta la disponibilidad de plazas para otras instalaciones médicas. Dado que para este período solo se disponen de 670 plazas en total, por lo que solamente quedarían 179 plazas para cubrir las demás necesidades.

La verdad es que la Contraloría ha descubierto algo que ya era evidente: los costos han aumentado considerablemente, hasta un 30%, debido al crecimiento de la infraestructura de la Caja, y esto no se había reflejado adecuadamente en los estudios anteriores.

Personalmente, celebro lo indicado por la Contraloría, ya que los obliga a revisar constantemente nuestras proyecciones y a ser más responsables con los recursos de todos los costarricenses. Cuando revisé el expediente judicial, quedó claro que simplemente existen diferencias técnicas entre la CGR y nuestra institución, que no deberían resolverse en los tribunales.

La CGR sostiene que hicimos un cambio sustancial injustificado en el informe actuarial, cuando en realidad solo cumplimos con actualizarlo debido al aumento salarial. Esto es algo que cualquier análisis serio consideraría y fueron estos cambios que se informaron transparentemente a la junta directiva.

Desde el principio, hemos buscado fortalecer nuestra gestión mediante decisiones basadas en datos actualizados. Hemos estado trabajando en un proyecto con el Banco Mundial durante los últimos 8 meses para implementar un modelo de datos en la Caja y la primera valuación actuarial externa realizada al seguro de salud. Estas prácticas modernas son esenciales para garantizar la veracidad y protección de la información.

Para que los estudios actuariales sean efectivos, deben reflejar con precisión las necesidades futuras de nuestra población. De lo contrario, corremos el riesgo de repetir errores pasados y enfrentar problemas aún más graves. En aras de la transparencia, a partir de mañana en la tarde, pondremos a disposición de los costarricenses un código QR para que puedan revisar todos los detalles de nuestra gestión en este tema.